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A propósito del traslado del domicilio social y fiscal de las empresas

En estos últimos días, los medios de comunicación se han hecho eco de la decisión tomada por multitud de empresas de trasladar su domicilio social y/o fiscal fuera de Cataluña. Por ello, hemos creído conveniente dedicar la primera entrada de nuestro blog a explicar en qué consiste exactamente una y otra decisión, y qué trascendencia tiene dicho traslado a nivel económico y fiscal.

¿Qué es el domicilio social?

El concepto de domicilio social de las sociedades de capital (es decir, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas y sociedades comanditarias por acciones) se encuentra regulado en el artículo 9.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y se define como aquel lugar, dentro del territorio español, en el que “se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación”. Cabe señalar que, si bien la norma otorga un cierto margen de elección, en la práctica domicilio fiscal y social suelen coincidir en un mismo lugar para la mayoría de pequeñas y medianas empresas pues, por motivos económicos y lógicos, no disgregan su centro de toma de decisiones del de explotación del negocio.

El domicilio social determina la regulación jurídica de la empresa; por ejemplo, el Registro Mercantil en el que corresponde inscribir la sociedad, la localización donde deben celebrarse las Juntas de Socios o los Consejos de Administración, así como los Juzgados y Tribunales competentes para dirimir contiendas legales.

Su traslado o modificación requiere en la práctica de un mero formalismo y la inscripción en el Registro Mercantil, puesto que no es nada habitual que se cuestione un domicilio social.

¿Qué es el domicilio fiscal?

Por su parte, el concepto de domicilio fiscal de las personas jurídicas, lugar de localización de las empresas en sus relaciones con la Administración Tributaria, viene recogido en el artículo 48.2.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y se corresponde con “su domicilio social, siempre que en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, se atenderá al lugar en el que se lleve a cabo dicha gestión o dirección. Cuando no pueda determinarse el lugar del domicilio fiscal de acuerdo con los criterios anteriores prevalecerá aquel donde radique el mayor valor del inmovilizado”.

Si bien como vemos ambas definiciones coinciden en cierta medida, la normativa fiscal se muestra menos flexible que la mercantil a la hora de elegir criterio, eliminando la posibilidad de optar y ciñéndose al lugar donde esté ubicado el centro de toma de decisiones de la empresa.

No es de extrañar por ello que, visto el paralelismo entre ambos conceptos, la decisión inicial de muchas empresas de trasladar su domicilio social se vea acompañada del consiguiente traslado del domicilio fiscal. Sin embargo, a diferencia del cambio de domicilio social, el cambio de domicilio fiscal requiere más que una mera formalidad: es necesario que la realidadse corresponda con lo manifestado; esto es, que el traslado del centro administrativo y de dirección sea efectivo.

En efecto, como veremos, el domicilio fiscal determina en gran medida la regulación tributaria a la que la empresa está sometida, y, sobre todo, a qué Comunidad Autónoma beneficiarán algunos de sus impuestos. Debido a su trascendencia, las posibilidades de control y cuestionamiento son mucho mayores.

¿Impacto económico y fiscal?

El traslado de la sede social, siempre que no se traslade también la fiscal, no tiene incidencia ni en los impuestos que paga la empresa ni en el destino de éstos en términos de Comunidad Autónoma beneficiaria.

Sí la tendrá, en cambio, el traslado del domicilio fiscal, puesto que variará el centro de relaciones con la Administración Tributaria de la sociedad en cuestión.

Dejando aparte las Comunidades del País Vasco y Navarra, que tienen su propio concierto económico y por tanto se rigen muy distintamente en cuanto a recaudación de impuestos, bajo el régimen común el impacto es como se explica a continuación:

Para las empresas con actividades habituales (es decir, no sometidas a impuestos especiales, hidrocarburos, etc.), puede decirse que el mayor impuesto que pagan es el Impuesto sobre Sociedades, tributo de carácter estatal, sin cesión alguna de potestad reguladora, recaudado íntegramente por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, y no redistribuido entre las Comunidades Autónomas; por ello, el traslado de la sede fiscal de las empresas no tiene ninguna incidencia al respecto.

Otros tributos estatales, en cambio, como el Impuesto sobre el Valor Añadido, sí son distribuidos posteriormente en gran medida en función del sistema de financiación autonómico vigente; concretamente, se distribuye un 50 por ciento de su recaudación neta, ponderado en el índice de consumo de cada Comunidad Autónoma.

Respecto a los impuestos cedidos a las Comunidades Autónomas, cabe destacar cierta repercusión en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, básicamente, en sede de sociedades, en una de sus tres modalidades, que es la de Operaciones Societarias y que corresponde recaudar a la Comunidad Autónoma donde esté ubicado el domicilio fiscal del contribuyente.

Finalmente, en cuanto a los tributos locales, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la plusvalía municipal o el Impuesto sobre Actividades Económicas, continuarán pagándose en el término municipal donde estén situados los inmuebles y los centros de actividad económica.

En consecuencia, vemos que, si bien el impacto fiscal directo del traslado de la sede fiscal de las sociedades no debería ser superlativo para las arcas de la Generalitat y los Ayuntamientos catalanes, sí que puede hacerse notar, desde luego, en cuanto a los impuestos indicados.

Ahora bien, lo que subyace en el traslado del domicilio fiscal para que éste sea real y no pueda ser discutido por la Administración es, como hemos visto, el traslado efectivo de la sede de dirección y gestión de la empresa; y ello puede querer decir, en muchos casos, el traslado de gran parte de su personal directivo y administrativo.

En este caso, dicho traslado sí que tiene un impacto importante y directo en los impuestos que quedarán en la Comunidad Autónoma a la que esas personas se trasladen si también ellas trasladan su domicilio fiscal, como debería ser para dar coherencia y credibilidad a la operación: su Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas será distribuido en un 50 por ciento a la nueva Comunidad Autónoma en la que se hayan instalado, y su Impuesto sobre el Patrimonio será recaudado íntegramente por ésta. Y no olvidemos que, generalmente, el centro directivo de una compañía es el que percibe rentas más elevadas en la estructura empresarial.

Por lo tanto, es evidente que, tanto de manera directa como indirecta, la recaudación de Cataluña ha de verse forzosamente afectada con la marcha de sus empresas a nivel fiscal.

Por el momento, el traslado de las empresas fuera de Cataluña no ha supuesto, en muchos de los casos, el “desmantelamiento” de sus centros de actividad ni, por ende, consecuencias laborales para sus trabajadores en este sentido: muchas de ellas han trasladado únicamente su domicilio social, obedeciendo tal decisión estrictamente a razones de inseguridad jurídica ante cualquier hipotético escenario político que pudiera acarrear vacíos legales. Se trata pues de una medida preventiva lógica, cuyo objetivo es el de mantener intacta la confianza de los inversores.

En otros casos, sin embargo, en los que se ha trasladado también la sede fiscal, sí que se han producido variaciones y movilizaciones en sede de sus directivos, en el sentido apuntado más arriba.

Y es que la incertidumbre legal nunca ha sido del agrado del empresario, como es lógico y evidente por otro lado. Confiemos en que el proceso de “fuga” no continúe, si bien es realista pensar que las empresas que ya han movilizado su domicilio fiscal no darán marcha atrás dada la complicación que supone el haber optado por ese cambio.

 

Maite Fandos, Josep Vide y Sergi Fandos están a su entera disposición para cualquier comentario o aclaración acerca del contenido de la presente publicación.

Les saluda atentamente,

Gabinete Fandos

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